Hace tiempo que ya no se habla de “familia” sino de las “familias”. Hay muchas y muy diferentes. Un niño puede tener un papá y una mamá, o dos mamás o dos papás o puede ser de una raza diferente a la de su progenitor o ser de otro país. También puede tener dos familias (una biológica y otra de acogida) o dormir en un centro en vez de en una casa. En España, 14.104 niños están en esta última situación y 19.641 viven en una familia de acogida. La diferencia entre criarse en un hogar, que no siempre es lo mismo que un techo, o hacerlo en un centro es abismal.

El derecho de los niños a vivir en familia está reconocido y debería estar protegido y garantizado. Cuando los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos por sus circunstancias personales, el Estado interviene. Sin embargo, en España la cultura del acogimiento es escasa. El debate está en las instituciones, pero llega a la sociedad con más dificultad. El número de chicos que viven en centros del Estado aún es muy alto. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se mostró “seriamente preocupado” por el “elevado número de niños en atención residencial”, en el informe de Observaciones Finales a España para el 2018.

José Antonio Martínez, presidente de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, pone cifras al problema: “Hay casi 1.500 niños de 0 a 6 años viviendo en residencias públicas y más de 2.000 que tienen de 7 a 10 años. Queda mucho por hacer”.

Hay personas que desean ser padres y niños que quieren (o más bien necesitan) crecer en una familia. La línea divisoria entre esos dos polos es la desinformación: “Hay personas que te dicen ‘yo no podría’, pero muchas veces es por desconocimiento”, confirma Martínez. La acogida es temporal, a diferencia de la adopción, y se exige que los menores sigan teniendo relación con sus progenitores biológicos, normalmente en visitas que pautan y supervisan los servicios sociales. La acogida en hogares puede ser en familia extensa (por abuelos, tíos, hermanos, etc.) o en familia ajena, que suelen ser menos numerosas.

Las familias nunca acogen por dinero, pero las fuentes consultadas reconocen que mejores ayudas facilitarían que más personas dieran el paso. “Los niños tienen necesidades que hay cubrir”, remarca Pedro. Además de ser mejor para los menores, también lo es para el Estado, ya que es más económico y efectivo integrar a un menor en una familia estable que en un centro.

En este mismo sentido, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar está luchando por la visibilización de esos chavales institucionalizados y por el apoyo a las familias extensas: “Nos encontramos con abuelas que se hacen cargo de 2 o 3 nietos, pero que son mayores, viudas y tienen que afrontarlo todo con su pensión”.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la futura ley de Infancia y Adolescencia consolidará los mecanismos de protección de derechos de todos los niños, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Oltra ha hecho esta manifestación durante su comparecencia en la sesión de control de Les Corts Valencianes, donde ha respondido a una interpelación parlamentaria sobre la política del Consell en materia de protocolos de educación y de sanidad de los niños, niñas y adolescentes tutelados, acogidos y adoptados en la Comunitat Valenciana.

Esta ley, junto al resto de medidas que se han adoptado en los últimos dos años, están sirviendo para dotar a las personas profesionales que trabajan o están en contacto con la infancia y la adolescencia “de las herramientas precisas que apoyen el desarrollo de su labor” en ámbitos como el sanitario, el educativo y el de la intervención social y familiar.

Ha señalado que la futura ley, cuyo anteproyecto está en proceso de tramitación, parte de la concepción de que los niños y niñas deben de ser considerados sujetos activos de derecho, lo que lleva a “modificar no solo los protocolos concretos de actuación en materia de protección, sino el propio marco jurídico que los sustenta”.

La ley plantea un “abordaje integral de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”, y diseña un protocolo integral de lucha contra la violencia, basado en la prevención, protección, atención y reparación de las víctimas.

“La persona menor de edad que sea objeto de alguna de las distintas formas de violencia tendrá derecho a un acceso específico a los servicios sanitarios, a los centros educativos, a los servicios y programas sociales y a las subvenciones y ayudas públicas que resulten necesarias para satisfacer las necesidades derivadas de su condición de víctimas”, ha señalado.

La futura ley también establece “una regulación detallada del deber de la ciudadanía, y en especial de los profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y la adolescencia, de notificar las situaciones de desprotección y de colaborar en el ejercicio de la acción protectora”.

La vicepresidenta ha incidido en que la política del Consell con las personas menores de edad que están dentro del sistema de protección, “se centra fundamentalmente en dar cobertura a sus necesidades con posicionamientos de igualdad de oportunidades y, como siempre poniendo orden en la herencia en diferido que dejó el antiguo gobierno”.

La coordinación que se ha establecido en estos dos años con las conselleries de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y Sanidad Universal busca que estos niños y niñas tutelados “puedan tener preferencia en el acceso a cualquiera de los recursos de que dispone la población general”. EFE

 

Desde que decidimos formar esta Asociación hemos conseguido mucho pero nuestra mayor tarea era conseguir el reconocimiento de las Familias Extensas,que se igualaran en condiciones con las Familias Acogedoras,porque todos los niño/as deben de tener los mismos derechos.

Y por fin llegó,la aprobación de un nuevo Decreto con una subida importante e igualada con los dos tipos de Acogimiento.

Las principales novedades introducidas por este decreto son:

– Equiparación entre familias extensas y educadoras en cuanto a las prestaciones económicas a percibir.

– Ampliación del ámbito objetivo de la prestación económica. Comprende: las despese s di à ri a s de alojamiento, alimentación, vestido, ocioeducativo, movilidad, actividades físicas y deporte y asistencia médica, así como el e s destina de sa la educación e instrucción de las personas acogidasde forma temporal o permanente.

– Gastos de asistencia médica cualificada. A pesar de que el e s despese s de asistencia médica se encuentran incluido e s en la prestación que se devenga mensualmente, se crea una prestación adicional, que complementa el anterior, para la financiación de gastos de asistencia médica cualificada,que no se encuentran compras e s en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud la cuantía supere el 25% de la prestación económica que mensualmente se devenga, como el e s relate viene s tratamientos odontológicos o de Ortodó ó nci a, m èdique s de cualquier especialidad, psicológicos, logopédicos o pedagógicos, así como la utilización de prótesis y la realización de pruebas diagnósticas.

-Colaboración de las entidades locales. Se supremo y sale la posibilidad de gestión de aqu estas prestaciones a través de entidades colaboradoras, conel objeto de agilizar la percepción de aqu estas prestaciones para las familias extensas. Se recoge un régimen transitorio aplicable a las entidades locales respecto de las que se encuentra vigente el correspondiente convenio de colaboración suscrito en 2016 con una vigencia de cuatro años, en el sentido de mantener vigentes sin per juicio de la posibilidad de extinción antes de la finalización del plazo de vigencia, sin que sea posible su prórroga.

– monoparental. Se tiene en cuenta a los efectos económicos de la prestación la condición de familia monoparental, y se establece en módulos económicos mejorados en los diversos acogidas.

Módulos económicos 2018:

– Pagos. La principal queja ha sido, y es, el retraso en los pagos por parte de la Administración, sobre todo a principio de cada ejercicio económico, es por eso que se ha asimilado la fórmula para la dependencia, introduciendo un artículo en el de Decreto en que se establece y sale que el pago de las prestaciones se realizará dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a aquel en el que corresponde la prestación. Por ello, se están realizando las gestiones administrativas oportunas para cumplir este a disposición.

Los enviamos también el Decreto 1/2018, publicado en el día de 01.19.18, junto con la comunicación de la directora general dirigida a las familias acogedoras, y les solicitamos su colaboración para hacer llegar esta información al mayor número de familias posible.

Asimismo, los hacemos saber que en el DOGV de 01.19.18 también se ha publicado la Resolución de 29 de diciembre de 2017 por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de niños , niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jovenes extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad, para el ejercicio 2018. el plazo de presentación de solicitar instancias finaliza el 19 de febrero.