El acogimiento familiar, la asignatura pendiente de España

Daniela

Hace tiempo que ya no se habla de “familia” sino de las “familias”. Hay muchas y muy diferentes. Un niño puede tener un papá y una mamá, o dos mamás o dos papás o puede ser de una raza diferente a la de su progenitor o ser de otro país. También puede tener dos familias (una biológica y otra de acogida) o dormir en un centro en vez de en una casa. En España, 14.104 niños están en esta última situación y 19.641 viven en una familia de acogida. La diferencia entre criarse en un hogar, que no siempre es lo mismo que un techo, o hacerlo en un centro es abismal.

El derecho de los niños a vivir en familia está reconocido y debería estar protegido y garantizado. Cuando los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos por sus circunstancias personales, el Estado interviene. Sin embargo, en España la cultura del acogimiento es escasa. El debate está en las instituciones, pero llega a la sociedad con más dificultad. El número de chicos que viven en centros del Estado aún es muy alto. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se mostró “seriamente preocupado” por el “elevado número de niños en atención residencial”, en el informe de Observaciones Finales a España para el 2018.

José Antonio Martínez, presidente de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, pone cifras al problema: “Hay casi 1.500 niños de 0 a 6 años viviendo en residencias públicas y más de 2.000 que tienen de 7 a 10 años. Queda mucho por hacer”.

Hay personas que desean ser padres y niños que quieren (o más bien necesitan) crecer en una familia. La línea divisoria entre esos dos polos es la desinformación: “Hay personas que te dicen ‘yo no podría’, pero muchas veces es por desconocimiento”, confirma Martínez. La acogida es temporal, a diferencia de la adopción, y se exige que los menores sigan teniendo relación con sus progenitores biológicos, normalmente en visitas que pautan y supervisan los servicios sociales. La acogida en hogares puede ser en familia extensa (por abuelos, tíos, hermanos, etc.) o en familia ajena, que suelen ser menos numerosas.

Las familias nunca acogen por dinero, pero las fuentes consultadas reconocen que mejores ayudas facilitarían que más personas dieran el paso. “Los niños tienen necesidades que hay cubrir”, remarca Pedro. Además de ser mejor para los menores, también lo es para el Estado, ya que es más económico y efectivo integrar a un menor en una familia estable que en un centro.

En este mismo sentido, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar está luchando por la visibilización de esos chavales institucionalizados y por el apoyo a las familias extensas: “Nos encontramos con abuelas que se hacen cargo de 2 o 3 nietos, pero que son mayores, viudas y tienen que afrontarlo todo con su pensión”.

En el camino hacia la normalidad, surgen todo tipo de iniciativas, como modificar los libros escolares para que se hable del acogimiento como otro modelo familiar, y se hagan más campañas institucionales para acercar esta realidad a los hogares españoles.

Con la puesta en marcha de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, aprobada en 2015, ha habido algunos avances, pero aún así, España está aún muy lejos del objetivo de no tener ningún menor de 3 años institucionalizado, como sí ocurre en el modelo anglosajón. Piden más medios para pasar de la intención a la acción.

 

 

 

 

Oltra: la nueva ley de la infancia consolida protección a los mas vulnerables

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la futura ley de Infancia y Adolescencia consolidará los mecanismos de protección de derechos de todos los niños, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Oltra ha hecho esta manifestación durante su comparecencia en la sesión de control de Les Corts Valencianes, donde ha respondido a una interpelación parlamentaria sobre la política del Consell en materia de protocolos de educación y de sanidad de los niños, niñas y adolescentes tutelados, acogidos y adoptados en la Comunitat Valenciana.

Esta ley, junto al resto de medidas que se han adoptado en los últimos dos años, están sirviendo para dotar a las personas profesionales que trabajan o están en contacto con la infancia y la adolescencia “de las herramientas precisas que apoyen el desarrollo de su labor” en ámbitos como el sanitario, el educativo y el de la intervención social y familiar.

Ha señalado que la futura ley, cuyo anteproyecto está en proceso de tramitación, parte de la concepción de que los niños y niñas deben de ser considerados sujetos activos de derecho, lo que lleva a “modificar no solo los protocolos concretos de actuación en materia de protección, sino el propio marco jurídico que los sustenta”.

La ley plantea un “abordaje integral de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”, y diseña un protocolo integral de lucha contra la violencia, basado en la prevención, protección, atención y reparación de las víctimas.

“La persona menor de edad que sea objeto de alguna de las distintas formas de violencia tendrá derecho a un acceso específico a los servicios sanitarios, a los centros educativos, a los servicios y programas sociales y a las subvenciones y ayudas públicas que resulten necesarias para satisfacer las necesidades derivadas de su condición de víctimas”, ha señalado.

La futura ley también establece “una regulación detallada del deber de la ciudadanía, y en especial de los profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y la adolescencia, de notificar las situaciones de desprotección y de colaborar en el ejercicio de la acción protectora”.

La vicepresidenta ha incidido en que la política del Consell con las personas menores de edad que están dentro del sistema de protección, “se centra fundamentalmente en dar cobertura a sus necesidades con posicionamientos de igualdad de oportunidades y, como siempre poniendo orden en la herencia en diferido que dejó el antiguo gobierno”.

La coordinación que se ha establecido en estos dos años con las conselleries de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y Sanidad Universal busca que estos niños y niñas tutelados “puedan tener preferencia en el acceso a cualquiera de los recursos de que dispone la población general”. EFE

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Nuevo Decreto

Desde que decidimos formar esta Asociación hemos conseguido mucho pero nuestra mayor tarea era conseguir el reconocimiento de las Familias Extensas,que se igualaran en condiciones con las Familias Acogedoras,porque todos los niño/as deben de tener los mismos derechos.

Y por fin llegó,la aprobación de un nuevo Decreto con una subida importante e igualada con los dos tipos de Acogimiento.

 

Las principales novedades introducidas por este decreto son:

– Equiparación entre familias extensas y educadoras en cuanto a las prestaciones económicas a percibir.

 Ampliación del ámbito objetivo de la prestación económica. Comprende: las despese s di à ri a s de alojamiento, alimentación, vestido, ocioeducativo, movilidad, actividades físicas y deporte y asistencia médica, así como el e s destina de sa la educación e instrucción de las personas acogidasde forma temporal o permanente.

 Gastos de asistencia médica cualificada. A pesar de que el e s despese s de asistencia médica se encuentran incluido e s en la prestación que se devenga mensualmente, se crea una prestación adicional, que complementa el anterior, para la financiación de gastos de asistencia médica cualificada,que no se encuentran compras e s en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud la cuantía supere el 25% de la prestación económica que mensualmente se devenga, como el e s relate viene s tratamientos odontológicos o de Ortodó ó nci a, m èdique s de cualquier especialidad, psicológicos, logopédicos o pedagógicos, así como la utilización de prótesis y la realización de pruebas diagnósticas.

-Colaboración de las entidades locales. Se supremo y sale la posibilidad de gestión de aqu estas prestaciones a través de entidades colaboradoras, conel objeto de agilizar la percepción de aqu estas prestaciones para las familias extensas. Se recoge un régimen transitorio aplicable a las entidades locales respecto de las que se encuentra vigente el correspondiente convenio de colaboración suscrito en 2016 con una vigencia de cuatro años, en el sentido de mantener vigentes sin per juicio de la posibilidad de extinción antes de la finalización del plazo de vigencia, sin que sea posible su prórroga.

– monoparental. Se tiene en cuenta a los efectos económicos de la prestación la condición de familia monoparental, y se establece en módulos económicos mejorados en los diversos acogidas.

Módulos económicos 2018:

1. Acogidas en familia acogedora, extensa y educadora

a) por cada persona menor de edad acogida

14,00 €

b) por cada persona menor de edad acogida con un grado de discapacidad igual o superior al 33%

16,00 €

c) por cada persona menor de edad acogida en acogimiento especializado

33,00 €

2. Acogimiento en familia monoparental

a) por cada persona menor de edad acogida

16,00 €

b) por cada persona menor de edad acogida con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

18,00 €

c) por cada persona menor de edad acogida en acogimiento especializado

35,00 €

3. Acogimiento en familia de urgencia-diagnóstico

cuantía anual

a) disponibilidad para una persona menor de edad

9.855,00 €

b) disponibilidad para una persona menor de edad en familia monoparental

12.775,00 €

c) disponibilidad para dos personas menores de edad

19.710,00 €

d) disponibilidad para dos personas menores de edad en familia monoparental

25.550,00 €

4. Asistencia médica calificada

Cuantía máxima anual por niño / a

Todos los conceptos

10.000,00 €

– Pagos. La principal queja ha sido, y es, el retraso en los pagos por parte de la Administración, sobre todo a principio de cada ejercicio económico, es por eso que se ha asimilado la fórmula para la dependencia, introduciendo un artículo en el de Decreto en que se establece y sale que el pago de las prestaciones se realizará dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a aquel en el que corresponde la prestación. Por ello, se están realizando las gestiones administrativas oportunas para cumplir este a disposición.

Los enviamos también el Decreto 1/2018, publicado en el día de 01.19.18, junto con la comunicación de la directora general dirigida a las familias acogedoras, y les solicitamos su colaboración para hacer llegar esta información al mayor número de familias posible.

Asimismo, los hacemos saber que en el DOGV de 01.19.18 también se ha publicado la Resolución de 29 de diciembre de 2017 por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de niños , niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jovenes extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad, para el ejercicio 2018. el plazo de presentación de solicitar instancias finaliza el 19 de febrero.

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El Consell ya adeuda a las familias de acogida dos meses de manutención

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  • La Generalitat anunció al colectivo que los pagos se harían de forma mensual este año, pero todavía no ha abonado ninguna cuota

    Las familias de acogida valencianas llegaron a acumular en agosto del año pasado hasta cinco meses de atrasos a la hora de recibir las denominadas Prestaciones Económicas Individualizadas (PEI), una ayuda monetaria que la Generalitat concede para sufragar parte de la manutención de los menores que tiene bajo su tutela, pero que residen con estas familias. En ese momento, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas atribuyó estos impagos a que se había llevado a cabo un cambio en la legislación para, precisamente, eliminar a partir de este año los trámites burocráticos y agilizar así todo el proceso. De esta forma, las PEI dejaban de ser subvenciones directas para estar reguladas por un decreto, por lo que las familias las iban a recibir sin necesidad de renovarlas. Además, desde la conselleria prometieron a las familias que el pago se haría de forma mensual para facilitar el día a día de este colectivo, y se anunció que se había previsto una partida de 11,7 millones de euros para hacer frente a estas ayudas.

  • Sin embargo, la situación en este arranque de ejercicio parece que sigue en la tónica del pasado año, puesto que estas familias todavía no han cobrado ninguna de las dos mensualidades que, teóricamente, deberían haber recibido ya. «Y probablemente hasta abril no empecemos a cobrar», indicaron ayer desde la Plataforma en Defensa del Acogimiento Familiar en la Comunitat. Al parecer, según explicaron, existe algún problema con la Intervención General del Estado y hasta que no se resuelva, la Generalitat no procederá al pago de las PEI.
  • A principios de año, en la Comunitat se contabilizaban 3.730 menores con medida de protección, de los que 2.639 están en acogimiento familiar (2.019 en familia extensa y 620 en familia educadora), 145 en acogimiento familiar preadoptivo y 1.100 en residencias.
  • Por otra parte, la plataforma señaló que el 91% de las ayudas del pasado año para gastos extraordinarios, que también concede la Generalitat al colectivo, ha ido a parar a gastos sanitarios (tratamientos médicos, odontológicos, psicológicos, psiquiátricos, prótesis, etc.), por lo que el resto, como los gastos educativos de compra de libros o uniformes, en buena parte no han podido ser satisfechos. «Ya avisamos que el importe destinado, de 222.000 euros, era insuficiente», recordaron desde la entidad. Pese a ello, representantes de la plataforma quisieron agradecer el buen tono mostrado el pasado día 24 por la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, en la reunión que mantuvo con representantes de las plataformas de acogimiento familiar. El colectivo se mostró muy satisfecho por el acercamiento a las familias y el buen ambiente de la reunión. «Es la primera vez que pasa y es de agradecer que estemos todos a una».
  • En ese encuentro, el colectivo trasladó a Molero un documento que recoge dos de sus principales reivindicaciones actuales: la puesta en marcha de protocolos médicos y educativos, y la equiparación total de las familias extensas con las educadoras. Con ello, estas familias quieren evitar que menores con carencias o problemas crónicos lleguen a sus nuevos hogares sin que se conozca su situación; que en los centros educativos conozcan el perfil de estos niños, y que todas las familias dispongan de las mismas ayudas.

Compromís proposa incrementar la xarxa i els recursos dels Punts de Trobada Familiar

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La diputada de Compromís a les Corts i també alcaldessa de Carlet, Mª Josep Ortega, ha presentat una proposta per tal de incrementar la xarxa i els recursos dels Punts de Trobada Familiar (PTF) al País Valencià. Segons ha explicat, “els PTF són pocs, mal dotats, saturats, i mal repartits geogràficament perquè estan prop de la ciutat de València. Això vol dir que, per exemple, un xiquet o xiqueta del partit judicial de Carlet ha de recórrer 40 ó 60 kilòmetres per poder trobar-se amb la seua mare o el seu pare. Recordem que actualment, al País Valencià existeixen 17 punts de trobada familiar dependents de la Generalitat i un punt de trobada familiar dependent de l’Ajuntament de València”.

“Considerem que cal augmentar el nombre de Punts de Trobada Familiar, tenint en compte l’actual dispersió geogràfica dels PTF ja existents, garantint com a mínim un per cada comarca del País Valencià, de manera que es garantisca l’accés a aquest recurs per a tots els valencians i valencianes”. 

“Així, des de Compromís proposem fer un estudi, comarcalitzar-los i dotar-los dels recursos necessaris. Urgeix una atenció més individualitzada als i les menors i més cobertura professional, amb equips tècnics suficients, tant d’advocats, auxiliars administratius, psicòlegs, treballadors socials com educadors. Estem parlant de drets de menors, que han d’estar per damunt d’altres prioritats”.

A més a més, Ortega ha denunciat que “cal una revisió de la Llei 13/2008, reguladora dels Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana per tal de corregir els errors terminològics en quant a violència de gènere, i donar-li visibilització per a reflectir correctament la realitat social. Aquesta és una qüestió molt important perquè els PTF tenen la funció de garantir la seguretat física i psicològica de les dones víctimes de violència de gènere. I, al mateix temps, han de garantir la seguretat dels i les filles menors, per la qual cosa és imprescindible que hi haja una supervisió professional”. 

“Des de Compromís demanem que els PTF siguen de veritat els centres que servisquen per garantir els drets dels menors. Es tracta d’òrgans regulats per la llei de 2008, que està plena d’errades terminològiques en quant a violència de gènere que cal corregir, però que a més a més en estos moments són els grans oblidats”, ha conclòs la diputada Mª Josep Ortega.

En la región hay 440 familias de acogida para 575 menores que las necesitan

aurelia-sanchez-6La Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha avanzado que el Gobierno regional va a iniciar una campaña informativa para incrementar el número de familias acogedoras de Castilla-La Mancha, dentro del programa de acogimiento familiar de menores, que cuenta actualmente con 440 familias de acogida. Sigue leyendo “En la región hay 440 familias de acogida para 575 menores que las necesitan”

La saturación en centros de menores desata conflictos entre los niños tutelados

La Generalitat cuenta, en la actualidad, con un amplio abanico de centros de acogida para menores de edad tutelados por la Administración autonómica (en total, 80 centros con 1.189 plazas que acogen a 1.083 menores). Entre ellos se encuentran los centros específicos de atención a menores con problemas de conducta (cinco con 92 plazas), unas residencias que prácticamente se encuentran ya al completo, por lo que esta situación está afectando al resto de complejos.

Uno de los principales problemas de este ámbito se da en la saturación que sufren estos centros para menores con trastornos en la conducta, que no pueden acoger a más niños. Por tanto, cuentan con una especie de lista de espera para poder albergar a menores con este tipo de perfil que se encuentran en otros centros genéricos y que  es en estas residencias generales en las que estos adolescentes «están alterando la convivencia de los demás». Sigue leyendo “La saturación en centros de menores desata conflictos entre los niños tutelados”