Hace tiempo que ya no se habla de “familia” sino de las “familias”. Hay muchas y muy diferentes. Un niño puede tener un papá y una mamá, o dos mamás o dos papás o puede ser de una raza diferente a la de su progenitor o ser de otro país. También puede tener dos familias (una biológica y otra de acogida) o dormir en un centro en vez de en una casa. En España, 14.104 niños están en esta última situación y 19.641 viven en una familia de acogida. La diferencia entre criarse en un hogar, que no siempre es lo mismo que un techo, o hacerlo en un centro es abismal.
El derecho de los niños a vivir en familia está reconocido y debería estar protegido y garantizado. Cuando los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos por sus circunstancias personales, el Estado interviene. Sin embargo, en España la cultura del acogimiento es escasa. El debate está en las instituciones, pero llega a la sociedad con más dificultad. El número de chicos que viven en centros del Estado aún es muy alto. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU se mostró “seriamente preocupado” por el “elevado número de niños en atención residencial”, en el informe de Observaciones Finales a España para el 2018.
José Antonio Martínez, presidente de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, pone cifras al problema: “Hay casi 1.500 niños de 0 a 6 años viviendo en residencias públicas y más de 2.000 que tienen de 7 a 10 años. Queda mucho por hacer”.
Hay personas que desean ser padres y niños que quieren (o más bien necesitan) crecer en una familia. La línea divisoria entre esos dos polos es la desinformación: “Hay personas que te dicen ‘yo no podría’, pero muchas veces es por desconocimiento”, confirma Martínez. La acogida es temporal, a diferencia de la adopción, y se exige que los menores sigan teniendo relación con sus progenitores biológicos, normalmente en visitas que pautan y supervisan los servicios sociales. La acogida en hogares puede ser en familia extensa (por abuelos, tíos, hermanos, etc.) o en familia ajena, que suelen ser menos numerosas.
Las familias nunca acogen por dinero, pero las fuentes consultadas reconocen que mejores ayudas facilitarían que más personas dieran el paso. “Los niños tienen necesidades que hay cubrir”, remarca Pedro. Además de ser mejor para los menores, también lo es para el Estado, ya que es más económico y efectivo integrar a un menor en una familia estable que en un centro.
En este mismo sentido, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar está luchando por la visibilización de esos chavales institucionalizados y por el apoyo a las familias extensas: “Nos encontramos con abuelas que se hacen cargo de 2 o 3 nietos, pero que son mayores, viudas y tienen que afrontarlo todo con su pensión”.
En el camino hacia la normalidad, surgen todo tipo de iniciativas, como modificar los libros escolares para que se hable del acogimiento como otro modelo familiar, y se hagan más campañas institucionales para acercar esta realidad a los hogares españoles.
Con la puesta en marcha de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, aprobada en 2015, ha habido algunos avances, pero aún así, España está aún muy lejos del objetivo de no tener ningún menor de 3 años institucionalizado, como sí ocurre en el modelo anglosajón. Piden más medios para pasar de la intención a la acción.
